El aforismo Dolum proprium non debet quis posse allegare —cuya formulación equivalente y más extendida en la tradición continental es la máxima Nemo auditur propriam turpitudinem allegare ("nadie es escuchado si alega su propia torpeza")— se traduce exactamente del latín como "nadie debe poder alegar su propio dolo". Es una regla técnica y una manifestación capital del principio general de la buena fe en el Derecho de Obligaciones y Contratos que levanta un impedimento absoluto: prohíbe de forma tajante que un sujeto invoque, use como argumento de defensa o base una acción judicial en su propia conducta fraudulenta, engaño o mala fe para eludir el cumplimiento de sus compromisos o para obtener un beneficio legítimo.

En la dogmática jurídica, este principio opera como una barrera insalvable contra el fraude y el abuso de derecho, estructurando la conocida doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet). Su finalidad última consiste en salvaguardar la moralidad y la equidad en las relaciones jurídicas; de este modo, el Derecho determina que si un contratante ha urdido de manera deliberada una situación lesiva, un engaño o un defecto contractual, carece por completo de legitimación para denunciar con posterioridad esa misma irregularidad en los tribunales, puesto que admitirlo significaría premiar su comportamiento malicioso y validar la ventaja obtenida mediante la quiebra de la confianza recíproca.

En el ordenamiento jurídico español, este axioma romano impregna las normas sustantivas sobre la validez y la ineficacia de los negocios jurídicos. Su reflejo normativo definitivo se localiza en el artículo 7.1 del Código Civil, que ordena el ejercicio de los derechos conforme a los postulados de la buena fe, así como en los artículos 1305 y 1306 del Código Civil, los cuales regulan las consecuencias de la nulidad por causa ilícita, privando expresamente de la facultad de reclamar la devolución de lo entregado a la parte que hubiera sido culpable o partícipe de la torpeza o dolo. Asimismo, la Sala Primera del Tribunal Supremo aplica de forma constante y rigurosa esta prohibición de alegar el propio dolo, fijando en su pacífica jurisprudencia que nadie puede fundar una pretensión jurídica en un acto ilícito o inmoral propio, desestimando de plano cualquier acción rescisoria o de nulidad instada por quien fue el artífice directo del vicio contractual o del diseño del fraude.

Significado de Dolum proprium non debet quis posse allegare

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