El aforismo Fiscus ex suis contractibus usuras non dat, que se traduce exactamente del latín como "el fisco no da intereses por sus contratos" (o "el fisco no debe intereses de sus contratos"), es una regla técnica de la tradición histórica del Derecho Público romano que consagraba un privilegio exorbitante en favor de la Hacienda Pública, determinando que el Estado, en el marco de sus relaciones contractuales y patrimoniales con los particulares, gozaba de una exención de pleno derecho que le exoneraba de la obligación de abonar intereses de demora o réditos por los retrasos en sus pagos.

En la dogmática jurídica histórica, este principio fundamentaba el estatuto jurídico especial y de supremacía del que gozaba el soberano. Su finalidad original consistía en proteger el tesoro público y garantizar la estabilidad de las finanzas del Estado, asumiendo que los bienes públicos debían estar blindados frente a las cargas del derecho privado; de este modo, el Derecho de épocas pretéritas dotaba a la Administración de una prerrogativa unilateral que quebraba la igualdad de armas entre las partes contratantes, imponiendo al contratista o acreedor particular el deber de soportar los retrasos de la maquinaria estatal sin derecho a compensación pecuniaria alguna.

En el ordenamiento jurídico español contemporáneo, este axioma romano ha sido rotundamente superado y revertido en virtud de los principios constitucionales de justicia, interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica. El reflejo normativo definitivo de esta evolución se localiza en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los cuales prescriben de manera taxativa que si la Administración se demora en el pago de las certificaciones de obra o de las facturas más allá de los plazos legales, deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro conforme a la legislación contra la morosidad. Asimismo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo aplica de forma inflexible el principio de igualdad obligacional del fisco, determinando en su consolidada jurisprudencia que el devengo de intereses a cargo de la Administración opera de forma automática e inmediata desde el vencimiento del plazo, desterrando de forma definitiva cualquier vestigio de inmunidad patrimonial del Estado en el tráfico contractual moderno.

Aforismos latinos: Fiscus ex suis contractibus usuras non dat

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Significado de Fiscus ex suis contractibus usuras non dat